Distintas organizaciones, movimientos sociales y espacios de reflexión y propuesta, han salido a las calles en días recientes ante el trascendido que el Tribunal Constitucional habría acogido el requerimiento de parlamentarios de derecha contra el decreto supremo dictado por la ministra de salud que instruye a los consultorios a repartir la píldora del día después. Si bien el 22 de abril se conocerá el fallo, se ha indicado que éste afectará al conjunto de métodos anticonceptivos utilizados en Chile -todos aquellos basados en el uso del levonorgestrel y los Dispositivos Intra Uterinos-, lo que implicaría un grave retroceso a nivel de salud pública y libertad de decisión ciudadana, pues por mandato inapelable de un grupo de nueve personas se impondría, para el conjunto de la sociedad, el fin de las normas de regulación de la fertilidad conquistadas hace 40 años.
Resulta impresionante el efecto devastador que tendrá esta política que eufemísticamente ha sido autodenominada por la derecha como "pro-vida". Especialistas de la Facultad de Medicina han sostenido que estamos ad portas a una catástrofe en salud pública como no se ha visto antes en ningún país del mundo, que tendrá impactos en muertes, dolor, sufrimiento y gran daño a la familia, porque por cada nacimiento adicional a los actuales morirán más de dos embriones o fetos a causa de abortos clandestinos, y se podrían hasta quintuplicar las muertes de mujeres a causa de complicaciones de abortos. Se trata claramente de una política pro-muerte masiva.
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